ACTORES
POLÍTICOS Y CONFLICTIVIDAD SOCIO-AMBIENTAL
Lic.
David Tacza Ramírez
Universidad
Nacional Daniel Alcides Carrión
Frente
a un cercano proceso electoral, alentado por ambiciones de muchos que
ya disfrutan del poder, y otros tantos que están cerca de el, o
aquellos que lo ven a lo lejos pero aun así sueñan tenerlo, la
dinámica del conflicto socio-ambiental ha sido alterada. Lo normal
sería contar con autoridades cuyo enfoque y participación siempre
se hace desde un plano técnico resolutivo, lo correcto implicaría
una actuación prudente de cada sector, especialmente de aquellos que
existen en los gobiernos regionales; sin embargo, el poco criterio,
la falta de información, no intervenciones oportunas acrecientan a
diario la problemática socio-ambiental que ya de por sí existe.
Este
año (pre-electoral) se ha convertido plenamente en uno cien por
ciento electoral, la prensa en alguna medida anima a saltar a la
palestra e incluso fuerza a oficializar las intenciones de los
actores políticos en el ámbito local-regional y hasta nacional. Es
bien sabido, que en un proceso eleccionario debe existir regulación,
especialmente para aquellos que ostentan el papel de Alcaldes,
Presidentes Regionales e incluso para pretensiosos Congresistas de
las República. La pregunta ¿Qué relación existe entre los
conflictos socio-ambientales y la actuación política?; es
importante precisar, que a la fecha ya tenemos candidatos declarados
y otros que aún juegan a la especulación.
Cuando
una comunidad o población cercana a la actividad minera (por lo
general) o de cualquier naturaleza extractiva, siente que la empresa
no responde a sus expectativas, o quizás no cumple a cabalidad con
el compromiso social firmado, o también se perciben malas prácticas
(impacto visual o afín) que afectan el medio ambiente, el conflicto
empieza a gestar insumos base y en algún momento se hará visible.
Lo curioso es que en los últimos meses, más allá de una actuación
política pertinente que busque soluciones sostenibles para una mejor
convivencia empresa-comunidad-Estado, se ha dado lugar a
protagonismos cortos y mediocres en propuestas.
No
se trata de dar la razón ciega a una masa, tampoco es la idea
contradecirla, pero cómo distinguir las posiciones de los intereses
en un conflicto, si los que nos gobiernan (guían o dirigen), en
ellos, prevalece la idea de beneficio personal o para su grupo
político, lo inmediato que viene a sus mentes es: “Un baño de
popularidad no está mal”, “Hay que darle espacio a la gente y
hacerles sentir que estamos con ellos”; en definitiva no existe un
tratamiento adecuado del conflicto y por el contrario se perturba o
insta un escalamiento peligroso. De pronto, todos están muy atentos
a cualquier situación de demanda socio-ambiental y quieren ser
protagonistas, los héroes o salvadores.
Marlene
Anchante Rullé, especialista de la Pontificia Universidad Católica
del Perú en negociación y resolución de conflictos
socio-ambientales señala, que la dinámica del conflicto incluye las
dimensiones social, política, económica y cultural. Concuerdo con
tal apreciación; pero, cada dimensión es parte de una estructura
que por su complejidad dan lugar justamente a momentos como los que
estamos viviendo. Tal parece, que se ha formado una agenda política
de campaña y es prioridad, dejando de lado la responsabilidad
política para el desarrollo de la población. Incluso, las obras han
entrado a una pausa convenida o se espera un mejor momento para
inaugurarlas.
Un
factor que influye en la actual dinámica de conflictividad, es que
las instituciones del Estado han perdido credibilidad ante la
población, los Ministerios del Ambiente, de Energía y Minas,
incluso la Presidencia del Consejo de Ministros, todos intervienen
cuando las protestas sociales se hacen sentir, es decir, cuando el
problema pasó de latente a activo. No pongo en duda su competencia y
profesionalidad, pero el país y en especial las comunidades demandan
algo más que compromisos literales. Es probable, que la poca
presencia del Estado en las zonas más alejadas del país, han
provocado una traslación de las demandas hacia las propias mineras o
empresas en general.
En
la década de los noventa, una legislación minera específica
permitió alentar la inversión del sector en el Perú, había que
recobrar la confianza y fortalecer el aparato productivo y se
justificaba; pero, el camino para lograr una mejor performance, dejó
como rezagos una seria afectación a los recursos naturales, sumado
los pasivos ambientales no cerrados como debiera ser, provocando así
serias consecuencias hasta la actualidad. De ahí que, el
Viceministerio de Gestión Ambiental ha anunciado la creación del
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (Senace), este organismo entraría en funcionamiento en
abril del 2014.
No
es por falta de confianza o incredulidad, resulta que como nación
somos muy buenos formulando normas y reglamentaciones. En lo
personal, como ciudadano común y corriente, pienso que la gente
espera que las intenciones se traduzcan en realidades, dando lugar a
entornos más saludables, vivibles, que ofrezcan una calidad de vida.
En Pasco, hace pocos días hubo una movilización de pobladores del
Centro Poblado de Paragsha, del Pueblo Joven José Carlos Mariátegui
y la Comunidad de Quiulacocha; estas zonas por su cercanía a la
actividad minera, luego de una evaluación, han mostrado niveles
superiores a permisibilidad de plomo en sangre.
Nuevamente,
de quién o quiénes es la responsabilidad, el Estado lo conformamos
todos, pero cuánto capacidad de respuesta tenemos, empezando por los
propios hogares, qué prácticas saludables tenemos, cómo los
organismos competentes hacen frente a emergencias ambientales como
las declaradas en el distrito Simón Bolívar en Pasco. La
inoperancia y actuaciones políticas tipo campaña no le hacen ningún
bien a nadie, sólo a los protagonistas de quienes aspiran al poder;
por tanto, se insta a recobrar el papel real que a cada gobernante le
encargó el pueblo. Quizás, habría que recordar que un escenario
democrático, la alternancia siempre es una mejor opción.
Como
corolario de todo lo explicado, la Adjuntía de Prevención de
Conflictos Social y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo,
informó en su Reporte N° 109 de marzo de 2013, el registro de 167
conflictos activos y 57 latentes; de este total, 149 son conflictos
socio-ambientales, siendo 108 (más del 72%) relacionados con el
sector minero y la diferencia se sitúa en hidrocarburos,
energéticos, electricidad, residuos y saneamiento, forestales,
agroindustrial, entre otros. En Pasco según la institución
defensorial, sólo se han anotado cuatro conflictos activos y uno
latente y, en la jurisdicción de Junín-Pasco, hay dos adicionales
en condición de activos igualmente.
Para
concluir, insisto en la importancia de una coherente actuación
política de las instancias de gobierno, local-regional y nacional.
El poder, debe administrarse en beneficio de las amplias mayorías.
Es oportuno citar, que la naturaleza del conflicto hace que
intervengan factores psicosociales, nadie puede negar, que los
conflictos se alimentan de patrones, de perjuicios y estereotipos que
tienen las personas o grupos; lamentablemente estos componentes los
vemos con mucha frecuencia en las agrupaciones políticas que se
generan para afrontar las contiendas electorales, situación última
que ejerce un efecto indeseado en la conflictividad socio-ambiental.
